Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) expresó hoy su alarma después de que Meriam Ibrahim, una mujer embarazada de su segundo hijo, fue condenada a 100 latigazos y a la muerte.
La razón de su condena fue por haberse casado con un hombre cristiano y negarse a renunciar a su fe. Su juicio no se llevó a cabo con el debido proceso y garantías justas básicas, dijeron los especialistas.
"Esta condena indignante debe ser revocada y la Sra. Ibrahim debe ser liberada inmediatamente", instaron los expertos en derechos humanos de la ONU.
Llamaron al gobierno de Sudán a que revoque toda la legislación que discrimine por razón de sexo o religión, a proteger la identidad religiosa de los grupos minoritarios y emprender una reforma integral del sistema de justicia acorde a las normas internacionales.
Ibrahim, de 27 años, nacida de padre musulmán y madre cristiana, fue detenida en 2013 por motivos de adulterio. Las autoridades sudanesas la ven como una mujer musulmana que cohabita con un hombre cristiano, con el que se había casado en 2012.
Los especialistas de la ONU mencionaron que el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia es un derecho humano fundamental de las mujeres y los hombres.
El enjuiciamiento por adulterio es contrario al derecho internacional puesto que, dijeron, "la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos es una violación de su derecho a la privacidad en virtud del derecho internacional de los derechos humanos".
En febrero pasado, un cargo adicional fue llevado en su contra por el delito de apostasía, por no haber renunciado públicamente al Islam, una fe que nunca profesó.
El pasado 15 de mayo, el Tribunal de Orden Público en El Haj Yousif Jartum confirmó su condena a muerte por apostasía después de que ella se negó a renunciar a su fe.
Ibrahim se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Omdurman, cerca de Jartum, en condiciones muy duras por su avanzado embarazo pues dará a luz el próximo mes y además está con su hijo de 20 meses de edad.
Los expertos de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación de que "la Sra. Ibrahim fue condenada por ejercer su derecho a la libertad de religión y de creencias".
Añadieron que según el derecho internacional la pena de muerte sólo podrá imponerse por "los más graves delitos", en todo caso. “Elegir y o cambiar la propia religión no es un delito en absoluto; por el contrario, es un derecho humano básico".
"Hay una necesidad urgente de abordar el patrón de la discriminación, el abuso y la tortura, así como el sometimiento y la denigración de la mujer” en Sudán, establecieron los especialistas.
"Instamos al gobierno de Sudán para poner fin a estas graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres", afirmaron.
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